Además de concebir apps innovadoras, diseñar chips cada vez más veloces y pensar cómo será la Internet del futuro, varios líderes de las compañías tecnológicas de Silicon Valley se han embarcado en un programa de ayuda para inmigrantes indocumentados.
En el valle californiano, cuna de la revolución informática y sede de la mayor cantidad de empresas del rubro en Estados Unidos, varios de los jefes de la industria aportan fondos para ayudar a estudiantes sin papeles a ingresar a la universidad, insertarse en el mundo laboral y explorar opciones para legalizar sus estatus.
Los han apodado "Silicon dreamers", los soñadores del valle del silicio, en alusión al proyecto de ley conocido como Dream Act, que propone allanar el camino a la ciudadanía a jóvenes indocumentados que consigan buenos resultados académicos en una carrera universitaria o sirvan en el ejército por al menos dos años.
El proyecto -entre clicreveses en el Congreso, postergaciones por falta de acuerdo bipartidista y sucesivas clicmodificaciones de sus cláusulas- lleva más de 10 años sobre el papel.
La impaciencia ante la falta de acción legislativa sobre el Dream Act es lo que ha impulsado a los empresarios a destinar parte de sus jugosas ganancias a aliviar, al menos en parte, la situación de universitarios sin permiso de residencia.
"Tenemos a estos chicos que crecieron aquí, fueron a la escuela aquí. Son niños estadounidenses, no tienen otro hogar y esencialmente los estamos abandonando", señaló Jeff Hawkins, creador de la Palm Pilot y una de las caras visibles del grupo.
"El estado de cosas actual parece diseñado para crear una segunda clase permanente (de jóvenes) y para relegar la competitividad de nuestra nación. El Congreso puede solucionar este problema", reclamó Powell Jobs, viuda del cerebro de Apple Steve Jobs, a través de un comunicado de la fundación que lidera, College Track.
Para becas o pasantías
Powell ha sido una de las primeras figuras de la industria tecnológica en alzar su voz en defensa de la postergada norma, además de trabajar en varios proyectos para alumnos "subrepresentados".Junto a ella y Hawkins, entre los "Silicon dreamers" figuran también Mark Leslie, fundador de la ex empresa de software Veritas, y el co-fundador de la fabricante de procesadores Intel, Andrew Grove.
En una "coalición laxa", según la denominó Hawkins, los empresarios destinan recursos a varios programas californianos relacionados con la educación.
La principal organización encargada de direccionar estos fondos ha sido Educadores para un Tratamiento Justo (E4FC, en inglés), una entidad que gestiona becas, asistencia legal y programas de pasantías para graduados indocumentados, entre otros servicios.
Creada en 2006, E4FC recibió US$5.000 en donaciones durante su primer año de operaciones, mientras que en 2011 entregó US$160.000 en subsidios a unos treinta estudiantes, según su directora ejecutiva, Katharine Gin.
"No fue tan fácil como pensábamos: la gente tenía muchos reparos por la condición legal de estos alumnos. Por eso ha sido importante sumar a estas figuras del Silicon Valley, que no son las caras que en general la gente relaciona con el activismo por las causas de los migrantes. Son personas que han ganado prestigio y dinero en un área completamente diferente", expresó Gin a BBC Mundo.
Aunque la cruzada que reúne a los empresarios del valle californiano fue difundida por primera vez esta semana por el Wall Street Journal, muchos de ellos llevan tiempo como donantes silenciosos.
Jeff Hawkins se acercó a la fundación para ver cómo podía involucrarse hace aproximadamente un año y dedicó sus aportes a sostener el trabajo de asesoramiento legal que E4FC ofrece a indocumentados. Powell Jobs, por su parte, se convirtió en asociada para la adjudicación de becas.
Grove y su esposa, en tanto, tuvieron como motor su propia experiencia como judíos refugiados de Hungría, llegados a Estados Unidos a fines de los años ’50.
"Su tarea está basada en sus creencias, en querer que el país sea abierto y receptivo con los inmigrantes como lo ha sido con ellos en el pasado. Es un caso de inmigrantes que quieren apoyar a otros inmigrantes", señaló Gin.
Pero, según señala la directora ejecutiva, la mentalidad imperante en el Silicon Valley es, en parte, responsable de la buena acogida para estos programas: resulta difícil dar con una oficina en el valle donde no haya una fuerte presencia de extranjeros, lo que da a sus habitantes una experiencia particular de la multiculturalidad y la inmigración como fenómeno.
Sin acceso
Según datos del Centro para la Investigación del Empleo y la Educación de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), unos 65.000 graduados con estatus migratorio irregular salen de las escuelas estadounidenses cada año, 40% de los cuales reside en el estado de California.
En línea con un dictamen de la Corte Suprema, los menores indocumentados tienen derecho a recibir educación pública gratuita hasta terminar la secundaria. Pero los obstáculos comienzan si deciden continuar con su formación a nivel universitario.
La propuesta del Dream Act (un acrónimo del título "Ley para el Desarrollo, Alivio y Educación para Menores Extranjeros") es la de allanar el camino a quienes hayan sido traídos al país antes de los 16 años y hayan completado con éxito la secundaria. Con dos años de buen rendimiento en una institución terciaria o al servicio de las fuerzas armadas, los jóvenes podrían acceder a una tarjeta de residencia y postular más tarde a la ciudadanía.
Esta norma, que beneficiaría a unos 2 millones de estudiantes, fue debatida por última vez en el Congreso en diciembre de 2010, cuando no logró reunir los votos suficientes clicen su paso por el Senado.
Ante el postergado trámite a nivel federal, varios estados han diseñado leyes genéricamente bautizadas como Dream Act, aunque aplicables sólo a cada jurisdicción estatal y de menor alcance a la original.
Entre ellos se cuenta California, donde losindocumentados pueden ahoraclicpostular para becas de fondos estatales, además de Illinois y Nueva York. Asimismo, 13 estados permiten que los indocumentados abonen aranceles académicos similares a los de los residentes legales (lo que se conoce como "in-state tuition" y representa una cuarta parte de las tarifas para extranjeros).
Los críticos de estas normas no ven con buenos ojos que, en tiempos de crisis económica, los estados subsidien la educación de los sin papeles.
Para muchos, el Dream Act es una forma velada de amnistía que beneficia a los hijos de quienes conscientemente violaron las regulaciones migratorias estadounidenses país y podría alentar la llegada de más indocumentados, de ser convertida en ley.
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